Hace dos días se conoció la noticia de que el Ejecutivo nacional resolvió retirar las modificaciones impositivas al tabaco de la nueva Ley Bases. Esta decisión generó un profundo malestar en el sector tabacalero a nivel nacional, ya que aseguran que la medida afecta directamente a los productores, es decir, al primer actor en la cadena de valor tabacalera que representa una importante actividad en términos productivos, económicos, sociales y fiscales.

El proyecto original de la llamada “Ley Omnibus” incluía un Capítulo de 10 artículos planteados ante la necesidad de modificar los criterios impositivos de los cigarrillos. Tras la denegada en el Congreso durante el mes de febrero, el Gobierno envió un nuevo proyecto de Ley Bases con algunas modificaciones clave; entre ellas, la eliminación del capítulo tabacalero que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, con el objetivo de recuperar la recaudación de la Nación, mejorar la coparticipación de las provincias tabacaleras y la recomposición del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Con el mantenimiento del esquema vigente en la actualidad, Tabacalera Sarandí continuaría pagando menos impuestos que sus competidores, como lo hace desde el año 2017. Es decir, tributando ante AFIP sus productos a precios muy bajos gracias al beneficio único que tiene en el mercado, al tener judicializado el pago del impuesto mínimo al cigarrillo. Dicho beneficio le permitió pasar del 5% de participación en la industria tabacalera argentina a más del 30% en los últimos seis años, generando un gran desequilibrio en la competencia.

Esta situación de inequidad por evasión de impuestos, sin dudas, perjudica directamente al productor en la medida que hace que dejen de ingresar muchos recursos a las provincias tabacaleras, recaudación que permite la coparticipación a todas las jurisdicciones. En este punto, es importante entender que el productor tabacalero recibe fondos provenientes del Fondo Especial del Tabaco que, a la vez, se nutre mediante un impuesto sobre el precio de venta del paquete de cigarrillos. Con la evasión del impuesto, el FET no se nutre, el productor tabacalero no recibe el complemento de precio y toda la actividad tabacalera de las provincias se ve afectada.

El proyecto original del Gobierno contó con el apoyo de toda la cadena tabacalera del país (a excepción de la/las empresa/s beneficiada/s por la medida cautelar), ya que implicaría un cambio hacia la igualdad de condiciones para toda la industria, una mejora en la competitividad en el mercado y en la recaudación. La propuesta eliminaba el componente fijo del impuesto a los cigarrillos; elevaba la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%; incorporaba precios de mercado referenciales para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% del relevado; e incorporaba un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades.

Pero, finalmente, la propuesta quedó descartada en el nuevo proyecto oficial, logrando gran inquietud y preocupación en las provincias ante el panorama actual.